En atención a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se han introducido reformas sustanciales orientadas a robustecer el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF) en su misión de prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estas modificaciones procuran optimizar la coordinación entre organismos competentes, promover un intercambio de información más ágil y efectivo, y reforzar el régimen sancionatorio vigente, el cual contempla desde apercibimientos hasta multas económicas e inhabilitaciones, según la gravedad del incumplimiento detectado.
Entre las novedades más destacadas, se incorpora la figura de la suspensión del sumario administrativo a prueba. Esta herramienta faculta a la UIF a evaluar, en función de la naturaleza de la infracción y los esfuerzos de remediación desplegados por el presunto infractor, la procedencia de archivar el expediente o aplicar sanciones de menor entidad.
Asimismo, se introducen ajustes normativos orientados a fortalecer la seguridad del ciberespacio, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la infraestructura digital frente a amenazas emergentes.